El dirigente nacional del PRI se preparaba para el festejo del cierre de campaña de su sobrino y ahijado político, Christian Castro Bello; cuando comenzó a circular la información sobre una denuncia en contra de Alejandro Moreno Cárdenas ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), esto por contratar supuestas empresas «fantasma» cuando fungía como gobernador de Campeche; la querella fue interpuesta por la abogada Teresita Cervantes Pérez.
Es la misma litigante que denunció a Layda Sansores San Román, a principios de mayo, ahora demandó a «Alito» por las mismas razones. La denunciante explicó a un medio nacional que la administración de la candidata a gobernadora de Morena en Campeche suscribió contratos con empresas de la lista negra del SAT, las cuales emiten comprobantes sin contar con los activos, persona, infraestructura o capacidad de material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Ahora, contra el exmandatario de Campeche, la abogada aseguró tener en su poder documentos que vinculan a Moreno, Castro Bello y América del Carmen Azar, quien fungía como secretaria de finanzas; con actos ilícitos durante el lapso en el que «Alito» fue gobernador, es decir, entre el 2015 y 2019.
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Según Cervantes Pérez, los tres políticos habrían realizado contratos con empresas de diversos giros que se encuentran en la lista negra del SAT, según el artículo 69-B del Código Fiscal General.
Las empresas que señala la denunciante son: Comercializadora del Prisma; Comercializadora Múltiple de Servicios y Materiales de Occidente, Comercializadora y Distribuidora Turrialba, Corporativo Eximio, Distribuidora y Comercializadora de Frisia, Everomex Solution, Inveryuc, Maquila textil del Sur, Prosercam, Comercializadora, Seneste Servicios, Servicios Profesionales Jeura, Servicios Especiales la Comercial, Rivera Support, entre otros.
La información que dió la denunciante indica que los indiciados emitían comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura y material para prestar diversos servicios, por un monto total de 59 millones de pesos.
Tiempo atrás, cuando Moreno Cárdenas era diputado federal, entre 2011 y 2015, adquirió cerca de 12 propiedades con un supuesto costo total de 6.9 millones, pero que de acuerdo con los avalúos de la Fiscalía General de la República, este monto rebasa los 100 millones de pesos, mismos que no cuadran con los ingresos que en aquel momento percibía «Alito», ya que al año sólo ganaba cinco millones de pesos.
