De acuerdo a información proporcionada por El País, en la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Policía Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad.
Los proveedores, Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos (40 millones de dólares de entonces) con la Policía Federal para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas.
Corrupción en sexenio de EPN
Posteriormente Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes, pero en realidad mandaron casi todo (algo más de 768 millones de pesos) a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México.
Por su parte las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México.
En una entrevista a José García Brito, de 74 años, socio fundador de Dizoal y Alberta Manzano, de 65, fundadora de Esrome, dijeron que nunca habían estado en Chalco y menos habían creado empresas que luego habían obtenido contratos millonarios con la Policía Federal.
Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los últimos seis meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete. Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal.
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